Evaluando 20 Años de una legislación promulgada para asegurar los derechos de los ciudadanos a la información gubernamental
En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la
rendición de cuentas en la República Dominicana, diversas organizaciones han mantenido
su labor de monitoreo del cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública No. 200-04. Esta legislación, promulgada
para asegurar que los ciudadanos tengan acceso a la información generada
por las instituciones públicas, enfrenta múltiples desafíos tanto en su
implementación como en su cumplimiento efectivo.
La Ley General de Libre Acceso a la Información
Pública establece que todas las entidades gubernamentales deben proporcionar
información veraz y oportuna a cualquier persona que la solicite. El
reglamento, detallado en el Decreto No. 130-05, ordena la creación de Oficinas
de Acceso a la Información (OAI) y la designación de Responsables de Acceso a
la Información (RAI) en cada organismo público. Estas oficinas tienen la tarea
de recibir, procesar y responder las solicitudes de información dentro de un plazo
máximo de 15 días hábiles, con una posible extensión de 10 días adicionales en
casos excepcionales.
Este año, la Ley cumple dos décadas desde su
promulgación el 28 de julio de 2004. A lo largo de estas dos décadas, la legislación
ha enfrentado desafíos significativos, con episodios recurrentes de resistencia
por parte de algunas instituciones gubernamentales. A medida que alcanzamos
este aniversario, es crucial reflexionar sobre los logros alcanzados y los
obstáculos persistentes, redoblando los esfuerzos para garantizar que el
derecho al acceso a la información pública se respete plenamente y se convierta
en una práctica estándar en todas las esferas del gobierno.
Quejas y Obstáculos
A pesar de las disposiciones claras de la ley, los
ciudadanos y los medios de comunicación han reportado múltiples instancias de
incumplimiento. Las quejas más comunes incluyen la negativa a proporcionar
información, respuestas tardías y la entrega de información incompleta. Según
datos recopilados por organizaciones no gubernamentales, instituciones como el
Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud han sido objeto de
numerosas quejas por su falta de transparencia.
Un caso destacado involucró al Ministerio de Obras
Públicas, que fue sancionado con una multa de RD$12 millones por no entregar
planos solicitados por un ciudadano. Este tipo de sanciones, aunque
significativas, aún son insuficientes para erradicar completamente la cultura
de opacidad que persiste en algunas áreas de la administración pública.
Aspectos Legales y Recursos
La ley establece que las denegaciones de
información deben ser comunicadas por escrito y justificadas adecuadamente. Los
solicitantes tienen derecho a presentar un recurso administrativo ante la misma
institución y, en caso de que la respuesta siga siendo insatisfactoria, pueden
recurrir al Tribunal Superior Administrativo mediante un Recurso de Amparo.
Este procedimiento judicial busca garantizar que los derechos de acceso a la
información sean respetados.
Monitoreo Externo y Sostenibilidad
Para asegurar el cumplimiento de la ley, diversas
ONG y organismos internacionales han unido esfuerzos. Organizaciones como
Transparencia Internacional y la Fundación Nacional para el Desarrollo de la
Transparencia (FUNDENOT) juegan un rol crucial al documentar y difundir los
casos de incumplimiento. Además, organismos internacionales como la ONU y la
OEA ofrecen asistencia técnica y financiera para proyectos de transparencia.
Conclusión
El monitoreo externo del cumplimiento de la Ley
General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 es fundamental para
garantizar que las instituciones públicas actúen con transparencia y rendición
de cuentas. Aunque existen desafíos significativos, la colaboración entre
ciudadanos, organizaciones sin fines de lucro y organismos internacionales
puede fomentar una cultura de transparencia y fortalecer la democracia en la
República Dominicana.
En última instancia, la transparencia no solo es un
derecho fundamental, sino también una herramienta poderosa para el desarrollo y
el bienestar de la sociedad. Es responsabilidad de todos -gobierno,
instituciones, y ciudadanos- trabajar juntos para hacer de la transparencia una
realidad palpable y efectiva.
CRONOLOGÍA:
La cronología de 2024 y 2023 destaca episodios
que ilustran tanto los avances como las dificultades en el cumplimiento de esta
legislación. Desde directivas presidenciales que refuerzan la importancia de la
transparencia hasta denuncias de incumplimiento por parte de funcionarios y
entidades gubernamentales, estos eventos subrayan la constante batalla entre la
corrupción y la transparencia en la administración pública. A continuación,
presentamos un recorrido por los eventos clave de los últimos dos años,
reflejando el estado actual y las perspectivas futuras de la Ley de Libre
Acceso a la Información Pública en la República Dominicana.
- Lunes 25 de junio:
- El Día: El presidente Luis
Abinader instruyó a todos los funcionarios públicos a entregar cualquier
información solicitada por los medios de comunicación de manera
inmediata. Esta directiva fue emitida mediante una ordenanza del
Ministerio de la Presidencia, reforzando la necesidad de cumplir con la
Ley de Libre Acceso a la Información Pública sin esperar sentencias del
Tribunal Superior Administrativo. El presidente subrayó la importancia de
la transparencia y la rendición de cuentas en su administración.
- Miércoles 27 de junio:
- Diario Libre: Un reporte reveló que
varios funcionarios del gobierno continúan declinando responder a
solicitudes de información, contraviniendo tanto el discurso de
transparencia del gobierno como la Ley 200-04. Entre las instituciones
mencionadas por su falta de respuesta se encuentran el Instituto Nacional
de Tránsito y Transporte Terrestre, el Ministerio de Hacienda, el
Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Bancos. Este patrón de
evasión destaca una persistente falta de compromiso con la transparencia gubernamental.
- Viernes 28 de junio:
- Listín Diario: El Tribunal
Constitucional comunicó que el Ministerio de Obras Públicas deberá pagar
más de RD$12 millones como resultado de una multa impuesta por el
Tribunal Superior Administrativo por no entregar documentos solicitados.
Esta sentencia, que se convirtió en definitiva, resaltó la falta de
cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública por parte
de esta institución, subrayando la importancia de la rendición de
cuentas.
- Domingo 30 de junio:
- El Caribe: Joel Santos Echavarría,
ministro de la Presidencia, envió una notificación a los titulares de las
instituciones del gobierno central instándolos a cumplir estrictamente
con los plazos establecidos por la Ley 200-04 para la entrega de
información pública. Santos Echavarría destacó la necesidad de
implementar procedimientos internos eficientes y capacitar al personal
responsable en materia de acceso a la información. Esta medida busca
mejorar la respuesta y garantizar la transparencia en la gestión pública.
Cronología 2023:
- Enero:
- Instituciones
Públicas en el Ojo del Huracán: La Cámara de Diputados y
el Senado de la República, que promovieron la Ley de Libre Acceso a la
Información, han sido criticados por no responder a 12 solicitudes de información
enviadas por el Listín Diario desde 2020. Las solicitudes abarcaban temas
como el gasto en comisiones bicamerales y la distribución de bonos y
ayudas especiales durante festividades (Listín Diario).
- Abril:
- Denuncias
de Obstáculos a la Prensa: La Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD)
denunciaron múltiples incidentes donde funcionarios públicos y otros
actores obstaculizan el trabajo periodístico y el acceso a la
información. Estas denuncias subrayan la contradicción entre las promesas
de transparencia del gobierno y la realidad enfrentada por los
periodistas (Diario Libre).
- Mayo:
- Evaluación
de la Ley: En un análisis del impacto de la Ley de
Libre Acceso a la Información Pública, se destacó que aunque se han
logrado avances significativos, persisten problemas como la demora en las
respuestas y la entrega incompleta de información. El periodismo de investigación,
crucial para la transparencia, está en crisis debido a la precariedad
laboral de los periodistas y la cooptación de fuentes (Diario Libre).
- Junio:
- Reformas
a la Ley en Debate: El Congreso Nacional discute una iniciativa
de ley que propone cambios significativos a la Ley de Libre Acceso a la
Información. Entre las propuestas más polémicas está la creación de una
Oficina Nacional de Acceso a la Información (ONAIP), que sería vulnerable
a la influencia política, lo que podría comprometer la independencia y
eficacia de la supervisión del cumplimiento de la ley (Fundación Libertad y
Desarrollo).
- Julio:
- Limitaciones
y Retos Legales: Se han registrado pronunciamientos públicos
y judiciales que limitan el acceso a información en casos específicos,
como la solicitud de información que obstaculiza el funcionamiento normal
de las instituciones o la generación de información sobre hechos no documentados
anteriormente. Estas limitaciones han sido criticadas por organizaciones
de la sociedad civil por favorecer la opacidad y la corrupción (Serrano Jaime Consultores).
20 Años de la Ley de Acceso a la Información
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